La Justicia local actuó y se siguen investigando los hechos. Los asambleístas habían anticipado que la violencia podría escalar en las calles andalgalenses porque un fallo de la Corte provincial declaró a fin de año la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que prohíbe la minería.
Uno de los seis proyecto mineros para producir cobre que la Argentina tiene en carpeta se encuentra en Catamarca. Se trata del proyecto Agua Rica, que para la provincia no solo significa un proyecto productivo nuevo con grandes opotunidades para la economía y el desarrollo regional, sino que además es el que le da sentido y continuidad a las instalaciones industriales de la mina Bajo de la Alumbrera, que está ubicada en una zona cercana y en proceso de cierre tras 20 años de producción. Al empalmar el cierre de una mina con el inicio de una nueva se mantienen puestos de trabajo, proveedores, ingresos por impuestos, y se amortizan las instalaciones industriales, que suelen valer millones pero si no se usan pasan a ser pasivos ambientales.
El proyecto Agua Rica, desde hace al menos una década, divide a dos departamentos catamarqueños: por un lado, gran parte de la la sociedad de Belén está a favor de que avance el emprendimiento que opera la minera Yamana Gold, y por el otro, una porción de los ciudadanos de Andalgalá que se amparan en la Ordenanza Municipal 029 sancionada por el Concejo Deliberante de esa ciudad que prohíbe la actividad minera a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá desde 2016.
En diciembre, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió por mayoría de votos hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa Minera Agua Rica en contra de la Municipalidad de Andalgalá, y en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de la medida local 029/2016. Además, el máximo tribunal de Justicia resolvió imponer las costas del proceso al municipio.
Tras conocerse el fallo, la fiscal de la Municipalidad de Andalgalá, Soledad Cecenarro, dijo que la comuna acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, confirmó que el municipio continuará con la vía judicial para impedir el desarrollo del proyecto minero de Agua Rica. El recurso extraordinario deberá ser admitido por la Corte de Justicia. En caso de que no lo acepte, el municipio podrá ir en queja al máximo tribunal del país.
Lo que pasó el sábado 10 de abril en Andalgalá se vincula a este proceso. ¿Qué fue lo que pasó? La Asamblea El Algarrono, que es como se autodenominan los antimineros de ese departamento, realizó como lo hace habitualmente los días sábados, una marcha. En ese contexto, tuvieron lugar una serie de hechos delictivos: parte de quienes se habían sumado a la manifestación atacaron las oficinas y otras instalaciones que Yamana Gold tiene en la localidad.
De hecho, al darse a conocer el fallo de la Corte catamarqueña a fin de año, los asambleístas anticiparon lo sucedido días atrás. Habían dicho que “está en juego la paz social, están provocando otro 15 de febrero”, en referencia al día de 2010 en que una feroz represión a una protesta cambió para siempre la vida tranquila de Andalgalá.
La advertencia se cristalizó de la peor manera. La escalada de violencia alcanzó ribetes que no estuvieron muy lejos de una tragedia. A la total destrucción, se sumó el caso de trabajadores que pudieron escapar de las llamas a último momento. El gravísimo embate causó la destrucción total no solo de las instalaciones a donde cada semana acuden a trabajar unas 80 personas, sino también de gran parte de las herramientas de trabajo y hasta vehículos que eran propiedad de los operarios.
La Justicia local actuó y se siguen investigando los hechos. Hasta el momento, la fiscalía de la segunda circunscripción judicial, a cargo de Soledad Rodríguez, ordenó una serie de allanamientos en el marco de las investigaciones por los disturbios y destrozos, que terminaron con 12 militantes detenidos. En tanto, un amplio listado de entidades y profesionales de la minería, también autoridades del área de la Nación y de todo el país, reclaman la condena de los hechos y apelan al diálogo social.
De acuerdo con la empresa afectada, las oficinas fueron incendiadas, lo que causó daños importantes. Afortunadamente, según consignó la firma, ningún trabajador sufrió lesiones, ni se tuvo que lamentar daños humanos. “El Proyecto MARA -así se denomina la integración de la Minera Alumbrera con Agua Rica- sigue comprometivo con el diálogo continuo, abierto y transparente con la comunidad y todas las partes interesadas”, consignaron en un comunicado.
La Cámara de Proveedores Mineros de Andalgalá, por su parte, se sumó al repudio de los hechos de violencia, que según dijeron “pusieron en riesgo a todos los vecinos de esa manzana dado que mientras el fuego se propaga incontrolablemente, parte de los manifestantes impidieron el paso a los bomberos y ambulancias”. Asimismo, la Cámara local puso en la lista de las pérdidas una cabina para análisis de hisopados importada que la empresa había adquirido para donar el hospital zonal.
A nivel provincial, la Cámara Minera de Catamarca expresó su “absoluto repudio” y manifestó que “la actividad minera es de utilidad pública y es la que cuenta con los mayores y más modernos controles ambientales por lo que los trabajos de exploración autorizados por el Ministerio de Minería han sido precedidos de los más estrictos procesos de control y de participación ciudadana”. En paralelo, señaló que “el desarrollo Minero con su debido compromiso y responsabilidad es la solución para seguir generando fuentes de trabajo genuinas”.
En tanto, la Secretaría de Minería de la Nación y el Consejo Federal Minería (COFEMIN), integrado por las 23 provinicas argentinas, expresaron enfáticamente “que la violencia no puede ser en ningún caso el camino para el crecimiento del país y consideramos que el país necesita del diálogo y el consenso, del respeto a las instituciones, la ley y el orden democrático, que son las bases para construir un país más justo y equitativo”.
Del mismo modo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) condenó los hechos y se solidarizó con la comunidad andalgalense. “Sabemos que este grupo minoritario no representa el verdadero sentir de las comunidades de la zona”. “La industria minera pone sobre la mesa sus propuestas concretas para generar recursos y oportunidades a través del trabajo, respetando todas las normativas vigentes y redoblando sus esfuerzos para el crecimiento de nuestra gente y del país”, señaló la CAEM.
