El recupero del IVA, las importaciones y el registro de inversiones incorporan nuevos procedimientos. Por qué los tiempos administrativos importan para financiar las campañas y qué condiciones siguen vigentes. Antes de extraer un mineral, un proyecto necesita estudiar el terreno y reunir información. Eso implica contratar servicios y comprar bienes cuando todavía no cuenta con ingresos por producción. En esa etapa, los tiempos para recuperar impuestos también forman parte de la cuenta. El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) puso el foco en esa relación al destacar la actualización del Régimen de Inversiones Mineras. En un comunicado del 14 de octubre, la entidad reunió ocho disposiciones dictadas desde julio de 2025 que modifican distintos procedimientos de la Ley 24.196. El IVA y el dinero disponible para explorar La compra de bienes y servicios vinculados con la exploración puede generar créditos fiscales de IVA. El régimen permite solicitar su recupero bajo determinadas condiciones, pero exige que hayan transcurrido doce períodos fiscales desde aquel en que correspondió computarlos y que integren el saldo a favor del contribuyente. La Resolución General 5879/2026 incorpora este procedimiento al Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA. También contempla la intervención de la autoridad minera para verificar que los comprobantes correspondan a las operaciones alcanzadas. Para una empresa exploradora, saber cuándo podrá recuperar esos importes permite organizar mejor el financiamiento de los siguientes trabajos. Esa es la mejora que espera GEMERA; su alcance dependerá del funcionamiento del procedimiento. Qué significan los plazos de 30 días La actualización establece plazos para las intervenciones de la Secretaría de Minería y ARCA. La Resolución 66/2026 precisa que la evaluación técnica minera debe resolverse dentro de treinta días hábiles administrativos, contados desde la solicitud o desde el vencimiento del plazo para subsanar observaciones. GEMERA señala además un plazo de otros treinta días hábiles para la intervención de ARCA. Esos tiempos deben leerse dentro del procedimiento y sus requisitos: no significan que cualquier gasto se devuelva treinta días después de realizado. La espera legal de doce períodos fiscales continúa vigente. Los expedientes iniciados bajo el esquema anterior mantienen ese procedimiento, salvo que el beneficiario desista y presente una nueva solicitud mediante SIR, de acuerdo con la Resolución 66/2026. Importaciones y registro de inversiones El Decreto 482/2026 modifica también el acceso a los beneficios de importación. Introduce la declaración jurada de destino minero integrada con la Ventanilla Única de Comercio Exterior y actualiza las condiciones para bienes usados o reacondicionados. El cambio no elimina las obligaciones de acreditar el destino y cumplir los requisitos del régimen. Por otra parte, la Resolución 68/2026 aprueba el Registro de Inversiones Mineras (RIM), que identifica a los beneficiarios mediante su CUIT. Esta reorganización forma parte de la actualización administrativa que acompaña al nuevo esquema. Las ocho disposiciones, agrupadas por tema Según el detalle difundido por GEMERA, el conjunto comprende: – Marco general: decretos 449/2025 y 482/2026. – Recupero del IVA y evaluación técnica: Resolución General Conjunta 5878/2026, Resolución General ARCA 5879/2026 y Resolución de la Secretaría de Minería 66/2026. – Registro: Resolución de la Secretaría de Minería 68/2026. – Importaciones: Resolución de la Secretaría de Minería 73/2026 y Resolución General ARCA 5909/2026. Qué habrá que mirar en la implementación El resultado deberá medirse en la experiencia de las empresas: cuánto demora cada instancia, cómo se resuelven las observaciones y cuándo se hacen efectivos los recuperos. La digitalización ofrece herramientas para ordenar el proceso; la continuidad de las campañas dependerá también de que los plazos funcionen en la práctica.

El debate sobre la participación nacional en los proyectos de gran escala suma un caso testigo. Mientras la industria fabril advierte sobre el avance de las compras externas, una operadora de litio pone cifras sobre la mesa para respaldar su cadena de contrataciones. Los números que importan Rio Tinto canalizó más de USD 1.800 millones hacia proveedores argentinos entre sus yacimientos en el Noroeste Argentino. La cifra, según informó la compañía, agrupa distintos períodos de sus iniciativas. En el ejercicio 2025/2026 de sus operaciones regulares, que incluyen Sal de Vida, Sal de los Ángeles y Olaroz, se emitieron órdenes de compra por USD 696 millones. El 79% de ese volumen correspondió a firmas nacionales. El grueso de la inversión se concentra en los dos proyectos mineros que ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El desarrollo Rincón, ubicado en Salta, emitió órdenes por USD 1.419 millones desde el inicio de la obra. Los proveedores locales captaron USD 941 millones, lo que equivale al 66% del total. De esa porción, USD 428 millones quedaron en empresas salteñas y USD 34 millones en comunidades de su zona de influencia. Los pagos efectivamente realizados hasta junio de 2026 sostienen esa tendencia, con USD 483 millones girados en el país frente a USD 265 millones al exterior. Hoy operan 236 firmas proveedoras en el proyecto, de las cuales 182 son argentinas. En Catamarca, la ampliación Fénix 1B adjudicó USD 310,7 millones a empresas locales durante el cuarto trimestre 2025/2026, lo que representó el 99% de los contratos del período. La provincia anfitriona retuvo casi la mitad de esos fondos, con USD 153,6 millones en compras a firmas catamarqueñas. ¿Dónde queda el piso normativo? La Ley Bases fija una base de contratación nacional del 20% sobre el monto total para las obras adheridas al RIGI. Ese umbral colisiona con las normativas provinciales, que imponen parámetros más altos. Salta exige una participación local que oscila entre el 40% y el 70%, según la magnitud del desarrollo. Catamarca y Jujuy establecen una barrera fija del 70%. Las mineras intentan calibrar sus presupuestos en la tensión de esos dos marcos regulatorios. La operadora proyecta que el 75% de las compras de Rincón será de origen nacional al concluir la etapa constructiva. El 25% restante responde a paquetes tecnológicos que no se fabrican en la región. Rincón, que recibió financiamiento internacional por USD 1.175 millones de organismos como la Corporación Financiera Internacional y el BID Invest, busca producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio durante cuatro décadas. El peso de la balanza externa El ingreso de bienes importados tracciona las variables económicas y despierta el reclamo fabril. Las iniciativas bajo el RIGI acumularon compras externas por más de USD 550 millones hasta el cierre de septiembre, según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). Solo en ese mes, ocho proyectos ingresaron bienes por USD 95 millones. Las firmas GEAR, Rincón Mining y VMOS explicaron el 70% de esos fondos con equipos de filtrado, grupos electrógenos e infraestructura de medición. Ese volumen importado representa menos del 1% de los USD 49.766 millones comprometidos en inversiones bajo el esquema. La Unión Industrial Argentina advierte sobre este goteo, pero reconoce que la maquinaria adquirida no cuenta con oferta local en escala o plazos requeridos. La disputa de fondo se centra en las asimetrías operativas. Los fabricantes nacionales afirman que tienen capacidad para competir, pero reclaman resolver la carga tributaria o el acceso al crédito. ¿Cómo destrabar la cadena productiva? El Ministerio de Economía buscará acortar la distancia entre los yacimientos y las pymes a través de rondas de negocios específicas. La cartera apunta a conectar la demanda de tecnología con la oferta nacional, en un escenario donde el programa sumará en breve otros 24 desarrollos por USD 159.480 millones, que hoy esperan la luz verde oficial. El impacto fiscal de la ley cruza también el debate por el presupuesto. La consultora EcoGo estima un gasto tributario de USD 8.493 millones para las 23 obras aprobadas, de los cuales USD 6.231 millones son recursos resignados por Nación. El informe indica que el impacto neto resulta positivo, bajo el supuesto de que al menos uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin este esquema. Los proyectos generarían en contrapartida USD 17.499 millones en recaudación a valor presente. El primer encuentro gubernamental para vincular a las pymes con estas operadoras será el 29 de octubre en Rosario. Esa mesa definirá qué volumen de compras externas puede absorber el tejido industrial local en el corto plazo