La Cámara Argentina de Empresas Mineras proyecta estabilizar los desembolsos anuales del sector en USD 7.500 millones para 2028 bajo el nuevo esquema de incentivos. Este volumen de capitales responde a una condición estricta de los operadores para evitar las alteraciones sufridas con normativas anteriores: acceso a tribunales extranjeros.
Los números sobre la mesa La cartera de proyectos nacionales registra una aceleración sostenida por las iniciativas de cobre y litio. Según la entidad empresaria, existen 17 desarrollos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El paquete suma un total de USD 39.000 millones.
De ese universo, 12 expedientes ya cuentan con aprobación oficial. Estos planes representan desembolsos por USD 21.000 millones. Las estimaciones presentadas por el titular de la cámara, Roberto Cacciola, marcan una curva ascendente de inyección de capital. El año 2026 cerrará con inversiones de entre USD 2.400 y 2.500 millones. Para 2027, la proyección salta a USD 4.500 millones, hasta alcanzar el techo previsto a partir de 2028.
¿Por qué los capitales exigían este cambio? La competitividad tributaria explica gran parte del estancamiento previo. Antes de la sanción del nuevo esquema, las operaciones locales soportaban una carga impositiva total superior al 50%. Este porcentaje dejaba a la Argentina sin margen de maniobra frente a jurisdicciones limítrofes.
Con la aplicación del régimen, la presión tributaria previa a la utilidad desciende a una franja del 38% al 40%. Esta reducción alinea los costos nacionales con los de países que disputan los mismos fondos, como Chile, Perú, Australia y Canadá. A la par, el esquema habilita un porcentaje de libre disponibilidad de divisas para importaciones y giro de utilidades, un cuello de botella histórico del sector.
El peso de los antecedentes legales La reducción de impuestos no alcanza por sí sola para movilizar desembolsos de esta escala. La clave operativa para destrabar los proyectos radica en la habilitación para litigar en el exterior ante un eventual incumplimiento del Estado.
Argentina cuenta desde la década del noventa con la Ley de Inversiones Mineras (24.196). Sin embargo, Cacciola reconoció ante las comisiones legislativas del Senado que esa norma sufrió diversas alteraciones durante las últimas décadas. Esos quiebres costaron ingresos de capitales y minaron la confianza de los operadores. La figura del arbitraje internacional actúa hoy como un reaseguro técnico contra ese riesgo específico.
¿Qué margen tienen las provincias? El avance de los proyectos corre en paralelo con ajustes territoriales recientes. Las modificaciones aplicadas a la Ley de Protección de Glaciares despejaron áreas de conflicto sobre la zonificación. Según el sector, estos cambios otorgan a las administraciones provinciales una mayor capacidad de decisión para definir dónde se habilita la actividad extractiva.
La industria aguarda ahora la aprobación de los cinco proyectos RIGI restantes durante los próximos meses. La ejecución efectiva de los USD 2.400 millones proyectados para 2026 pondrá a prueba la capacidad de absorción del entramado de proveedores locales.
